Bolivia atraviesa una crisis económica marcada por escasez de dólares y combustible, inflación creciente, caída de reservas internacionales, déficit fiscal y aumento de la conflictividad social.
En las últimas décadas, el Estado boliviano expandió su control sobre sectores estratégicos, especialmente gas, minería y litio.
En este contexto, el gobierno ha impulsado una nueva reforma agraria que busca modificar el sector: en la actualidad, la pequeña propiedad (menos de 500 hectáreas que trabaja personalmente el campesino y su familia) no se puede vender, dividir, embargar, ni gravar con impuestos. Con la reforma, está tierra pasaría a poder venderse, dividirse, ponerse en hipoteca, y estaría gravada por el estado.
Esto NO afectaría a las tierras comunitarias indígenas ni al solar campesino (lugar de residencia del campesino y su familia). Es decir, si un campesino tiene su finca y 10 hectáreas de tierrra, la finca seguiría igual pero tendría que pagar impuestos sobre las 10 hectáreas.